extraído desde Actforfree
(Indonesia) Actualización sobre lxs detenidxs anarquistas del Primero de Mayo de 2026 en Bandung / Libertad para Mpe y lxs acusadxs del Primero de Mayo
Uno de lxs detenidxs durante las protestas del Primero de Mayo de 2026 en Bandung, RR alias Mpe, quien anteriormente había sido acusado de ser el «líder de un grupo anarquista», ahora ha sido acusado por la policía bajo las leyes antiterroristas. Según informes, también ha sido puesto en aislamiento y se le ha negado el acceso a un abogado de su elección, lo que genera serias preocupaciones sobre la violación del derecho de un sospechoso a prestar testimonio libremente y sin coacción, intimidación o presión.
En este caso, la policía parece estar utilizando el mismo patrón narrativo que se empleó durante los disturbios del pasado agosto: identificar a un supuesto «cerebro», «líder» o persona que se cree que ha planeado y orquestado los disturbios. Las autoridades policiales sostienen que procesar a quienes se consideran la fuerza impulsora detrás de los disturbios puede evitar que se repitan incidentes similares en el futuro. En la práctica, sin embargo, este enfoque ha funcionado a menudo como un mecanismo autoritario para criminalizar a grupos considerados perturbadores de la estabilidad política, al tiempo que desvía la atención pública de las injusticias estructurales y la redirige hacia individuos específicos.
A través de este método, la ira social se presenta no como una respuesta al sufrimiento social real, sino más bien como el producto de la manipulación por parte de un puñado de actores supuestamente «engañosos». Esta narrativa también sirve para justificar la represión estatal sin la necesidad de probar materialmente la comisión de delitos; una vez que se ha identificado a un «líder», todo un movimiento puede ser descartado como ilegítimo o «inauténtico». Estos patrones se asemejan mucho a las prácticas políticas autoritarias.
Los acontecimientos recientes ilustran aún más esta tendencia. La Policía Metropolitana de Yakarta creó recientemente un grupo de trabajo contra los robos para hacer frente al aumento de la delincuencia callejera, lo que vino acompañado de llamamientos públicos en varias regiones para que se disparara a los ladrones sin pensarlo dos veces. Poco después, las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI) anunciaron planes para desplegar personal con el fin de ayudar a combatir la delincuencia callejera, una medida que se interpretó ampliamente como un intento de legitimar la ampliación del papel del ejército en la aplicación de la ley en el ámbito civil.
Desde entonces, tanto la policía como el ejército han amplificado estas dos narrativas en las redes sociales, y cada uno parece aprovechar el momento para reafirmarse como actores centrales en la seguridad nacional mediante demostraciones de preparación y fuerza. La situación también ha brindado una oportunidad para que ambas instituciones recuperen su legitimidad pública en medio de las críticas constantes que rodean su participación en proyectos de plantaciones de maíz, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) y la gestión de la seguridad de los Proyectos Estratégicos Nacionales.
La conexión entre estos dos fenómenos pone de manifiesto cómo el Estado construye y gestiona los relatos sobre las «amenazas a la seguridad». En el caso de RR, alias Mpe, la amenaza se personifica a través de la figura del «cerebro», el «líder» o el «terrorista» acusado de incitar a la agitación política. En el caso de la delincuencia callejera, la amenaza se genera mediante un discurso en torno a una supuesta «emergencia criminal» que exige medidas rápidas y severas. Aunque los objetos difieren, ambos operan según la misma lógica: fabricar miedo en el espacio público para que la expansión de la autoridad estatal parezca tanto natural como necesaria.
En otras palabras, las figuras del «cerebro de los disturbios» y del «delincuente callejero» funcionan políticamente como instrumentos para reconstruir la imagen de las instituciones de seguridad, legitimar las medidas represivas y ampliar su papel dentro de la vida civil en nombre de la seguridad pública.
En un momento en que estos patrones siguen repitiéndose y contribuyen directamente a la criminalización y a la erosión de las libertades civiles, la postura política que no se puede eludir es la de ponerse del lado de quienes se convierten en víctimas de estas prácticas.
Solidaridad y apoyo incondicional a todxs lxs anarquistas detenidxs
P.D.: Estamos recaudando fondos para los abogados de Mpe. Si puedes ayudar, contáctanos al correo electrónico a continuación:
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